Otra vez los Bustillo: Cierre de Pharmin sacude el sector del cannabis en Uruguay

Trabajadores de Pharmin, empresa vinculada a los Bustillo, enfrentan el desempleo tras el cierre inesperado, destacando la urgencia de protección laboral en el sector.

La empresa Pharmin, relacionada con la familia Bustillo, cierra abruptamente, afectando a trabajadores y evidenciando la necesidad de regulaciones más estrictas.

La reciente clausura de Pharmin, una prominente empresa en el ámbito del cannabis medicinal en Uruguay, ha desencadenado una serie de reacciones en el sector laboral y empresarial, especialmente debido a su conexión con la familia Bustillo. La decisión abrupta de la dirección y sus inversores de cerrar la empresa ha dejado sin empleo a su plantilla, compuesta en gran medida por trabajadores extranjeros, sumiendo a muchos en la incertidumbre.

Este no es el primer incidente de este tipo para Pharmin. Ya en 2021, la empresa había experimentado situaciones similares. Sin embargo, la presencia de un sindicato dentro de la compañía marcó una diferencia sustancial en aquel momento. «Es la primera vez que enfrentamos una situación así con el sindicato en esta empresa», indicó Germán González, del secretariado de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay.

La rápida acción sindical tras el despido masivo buscó establecer un diálogo con Pharmin a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La comunicación fue derivada a un gerente interino, en vista de la ausencia de los responsables habituales, también despedidos. Nicolás Bustillo, hermano del exministro de Relaciones Exteriores y vinculado a la empresa, fue designado como el nuevo representante frente al sindicato.

Este escenario ha precipitado una convocatoria urgente para discutir las condiciones de los trabajadores afectados, abarcando tanto al sector rural como al de la industria farmacéutica. La práctica de cerrar empresas y despedir a los trabajadores sin previo aviso ni compensación se ha convertido en una preocupante constante en el sector del cannabis, dejando a los empleados en una situación de extrema vulnerabilidad.

El caso de Pharmin destaca la necesidad urgente de implementar mecanismos de protección para los trabajadores ante la volatilidad y las prácticas especulativas de algunas empresas del sector. La demanda de un fondo de garantía que asegure el pago de indemnizaciones en situaciones de despido se hace cada vez más necesaria, en un contexto donde la legislación parece beneficiar más a las empresas que a sus empleados.

La implicación de figuras políticas en la gestión y cierre de estas empresas introduce una complejidad adicional en el debate sobre la regulación y el futuro del cannabis medicinal en Uruguay. La conexión de los Bustillos con este caso se hace aún más relevante al considerar el tratado de libre comercio facilitado durante el viaje de un miembro de la familia Bustillo, quien ocupaba un cargo ministerial. Este tratado ha sido crucial para la empresa que llegó de Georgia, destacando la casualidad de que tanto «Bustillo grande» como «Bustillo chico» estén involucrados en la misma situación, señala González.

Este incidente no solo afecta a los trabajadores directamente implicados, sino que también plantea preguntas serias sobre el marco regulatorio y de protección laboral en industrias emergentes como la del cannabis medicinal. La necesidad de una mayor regulación y supervisión de las empresas que operan en este sector, especialmente aquellas relacionadas con figuras públicas o políticas, se ha hecho evidente.

En respuesta, sindicatos y organizaciones laborales exigen cambios legislativos que aseguren la estabilidad y seguridad laboral en el sector del cannabis y otras industrias emergentes. La historia de Pharmin y los Bustillos podría marcar un antes y un después en cómo Uruguay regula sus mercados más innovadores y protege a quienes trabajan en ellos.