Investigación interna en Ministerio del Interior desata alarma sobre libertad de prensa en Uruguay

La claridad y la justicia en el tratamiento de este caso no solo reivindicarán la labor de Eduardo Prevé y sus fuentes, sino que también servirán como garantía para la seguridad y la libertad de futuras investigaciones periodísticas.

Una pesquisa sobre el periodista Eduardo Prevé por el caso de vinos envenenados desvela un preocupante abuso de poder estatal contra la prensa.

En un giro preocupante hacia prácticas que se pensaban ajenas a Uruguay, la reciente investigación interna del Ministerio del Interior, destinada a desenmascarar la fuente que proporcionó información al periodista Eduardo Prevé, ha suscitado un vivo debate sobre la privacidad, los derechos ciudadanos, y la libertad de prensa en el país.

Eduardo Prevé, en su segmento «La Tapadita», destapó documentos críticos sobre el manejo de casos de vinos envenenados, involucrando directamente a figuras del ámbito policial en prácticas cuestionables. Esta revelación, ligada al asesinato de Cecilia Fontana de Heber en 1978, pone en tela de juicio no solo la integridad del Ministerio sino también la seguridad y el anonimato de las fuentes periodísticas.

El uso indebido de herramientas de inteligencia policial, como el sistema de escuchas «El Guardián», para rastrear la actividad de Prevé y sus asociados, marca un precedente alarmante. Según Fabián Berner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, este caso evidencia un abuso de poder estatal, con implicaciones que trascienden la esfera periodística para afectar a la ciudadanía en su conjunto.

La indagatoria, realizada sin el aval de la fiscalía ni la supervisión de otros poderes estatales, plantea serias preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro del aparato estatal uruguayo. La potencial violación a la privacidad de Prevé y el intento de intimidar a futuras fuentes son vistos como tácticas que menoscaban la labor periodística y, por extensión, el derecho a la información de la sociedad.

La preocupación se extiende al ámbito político, donde voces como la de Gerardo Sotelo, presidente de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, sugieren la necesidad de un equilibrio entre la investigación legítima y el respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, la tendencia a justificar investigaciones sobre la base de la divulgación de documentos «reservados» plantea un desafío directo a la esencia del periodismo investigativo y su papel en la democracia.

Este incidente no solo pone de relieve la vulnerabilidad de los periodistas frente al poder estatal, sino que también incita a un debate nacional sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad. Con el caso en manos del relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, y una inminente convocatoria parlamentaria al Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el país se encuentra en un momento crucial para reafirmar su compromiso con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.

La comunidad periodística, al igual que la ciudadanía, aguarda con expectativa las resoluciones que emerjan de este escenario. La claridad y la justicia en el tratamiento de este caso no solo reivindicarán la labor de Eduardo Prevé y sus fuentes, sino que también servirán como garantía para la seguridad y la libertad de futuras investigaciones periodísticas. Uruguay se enfrenta a la tarea imperativa de salvaguardar estos pilares democráticos, en un momento donde la transparencia y el derecho a la información se ven amenazados por las sombras del abuso de poder.