Operativo en Salto culmina con condenas por tráfico de estupefacientes y medidas cautelares

En un significativo operativo en Bo Malvasio, Salto, la justicia dicta condenas y establece medidas cautelares contra varios implicados en narcotráfico.

En Salto, tras extenso operativo en Bo Malvasio, autoridades judiciales imponen condenas y medidas cautelares a implicados en tráfico de drogas, en un esfuerzo por combatir este flagelo.

Tras concluir las diligencias judiciales en el Juzgado Letrado de lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno en Salto, se emitieron varias resoluciones en relación con los implicados en un caso de narcotráfico en el barrio Malvasio.

La justicia formalizó la investigación contra I.D.A.R. por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, en la modalidad de distribución de sustancias ilícitas. Como medida cautelar, sin privación de libertad, se le ha requerido fijar residencia y notificar cualquier cambio, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría de su zona, por un periodo de noventa días.

En una decisión reciente, B.V.M.M. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva por su rol continuado en la asistencia al tráfico de drogas. De forma similar, W.E.O.G. y V.H.N.A. recibieron penas de tres años y diez meses de cárcel cada uno por negociación de sustancias estupefacientes. N.B.A.R. y V.A.R.R. también enfrentan condenas de dos años y tres años y tres meses de prisión, respectivamente, por su asistencia y suministro en el tráfico de drogas. Todos ellos deberán asumir los costos de manutención durante su reclusión, conforme a lo estipulado por la legislación vigente.

Además, se ordenó la incautación y posterior análisis de los teléfonos móviles y sustancias estupefacientes hallados, seguido de su destrucción. Se confiscaron montos en efectivo, sumando un total de $U 2100 y $ 2983, los cuales fueron depositados en cuentas oficiales. También se procedió a incautar una balanza de precisión utilizada en las actividades ilícitas.

Por otro lado, un adolescente fue condenado a doce meses de libertad a prueba, con condiciones específicas como residir en su domicilio, someterse a la supervisión de la OSLA, presentarse semanalmente en la comisaría local sin permanencia, realizar servicios comunitarios y mantener una ocupación o empleo, como parte de su reintegración social y responsabilidad penal juvenil.