Hallan en cárcel ecuatoriana lujosas áreas con piscina y discoteca en operativo

Hallan en cárcel ecuatoriana lujosas áreas con piscina y discoteca en operativo

Fotografía de una estancia de lujo en prisión ecuatoriana, con piscina y discoteca, reflejando graves falencias en el sistema carcelario.

Operativo en prisión de Ecuador expone privilegios insólitos: áreas VIP, piscina y discoteca, en un contexto de crisis penitenciaria nacional.

En un reciente operativo en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Ecuador, las fuerzas armadas han destapado la existencia de áreas de lujo, incluyendo una discoteca y una piscina. Este descubrimiento se da en el marco de una campaña gubernamental contra organizaciones criminales, que ha incluido la declaración de un estado de excepción y un toque de queda.

Un video que circula en las redes sociales muestra cómo un puesto de control penitenciario fue transformado en un espacio de privilegio para algunos reclusos. En este lugar, se encontraron camas dobles, iluminación de diseño, indumentaria de marcas reconocidas, una piscina y una discoteca con sistema de luces LED, además de bebidas alcohólicas de alta gama y sustancias ilícitas.

Con la intervención militar, estos privilegios han sido eliminados, dando paso a servicios básicos como peluquería y provisión de medicamentos. Un vocero militar informó: «Ahora, si un recluso necesita atención médica, es trasladado al policlínico bajo vigilancia militar», enfatizando también la erradicación de cobros por servicios elementales como alojamiento, uso de sanitarios o alimentos extra.

Un testimonio de un interno revela la dura realidad previa: «Antes, la comida era escasa. Nos daban una sopa que era agua con huesos. Los productos de mejor calidad, como embutidos y atunes, eran para los líderes. A nosotros, solo nos tocaba agua».

Este hallazgo se produce en un momento de creciente tensión en Ecuador, tras la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil el 7 de enero. Este hecho llevó al Gobierno a declarar un estado de excepción, reconociendo la existencia de un «conflicto interno armado» y la actividad de grupos calificados como «terroristas».

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