Avanza ley antiusura en la Cámara de Diputados de Uruguay

Daniel Peña, impulsor de la ley antiusura, en su intervención en la Comisión de Hacienda.

El proyecto de ley de usura, una propuesta legislativa presentada por el Partido de la Gente, ha obtenido un importante respaldo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de Uruguay. La iniciativa, que busca ajustar las tasas de interés y combatir prácticas consideradas abusivas en el sistema de crédito, ha sido impulsada por el diputado Daniel Peña y ahora se dirige hacia el plenario de la Cámara Baja para su consideración y votación.

El proyecto ha completado la aprobación de todos sus artículos en la comisión, augurando un probable éxito en las etapas legislativas subsiguientes, a pesar de la ausencia de apoyo por parte de Cabildo Abierto, uno de los partidos de la Coalición Multicolor. Daniel Peña, expresando su sorpresa por la falta de respaldo de CA, destaca que no hay otros proyectos de ley sobre la usura presentados por dicho partido, reafirmando la singularidad y la importancia de la propuesta de su partido.

El alcance de la ley no se limita a la regulación de las tasas de interés, sino que también abarca el cálculo de intereses por atrasos en pagos con tarjetas de crédito, una práctica que Peña ha tildado de "mafiosa". Según el diputado, la ley modificará la normativa vigente para que los intereses moratorios se apliquen solo después de vencido el estado de cuenta, y no desde el momento de la compra, como ocurre actualmente.

Con el objetivo de "ajustar" el sistema de créditos a la realidad económica de Uruguay, un país con menos de dos dígitos de inflación y grado inversor, esta legislación pretende ofrecer un alivio directo al bolsillo de los uruguayos. La expectativa es que, con el apoyo recibido hasta ahora, el proyecto sea aprobado por ambas cámaras antes del cierre del año.

Cabildo Abierto sacude el statu quo financiero y pone nervioso a los bancos

Cabildo Abierto intensifica su campaña para un plebiscito que podría sacudir los cimientos del sistema bancario uruguayo.

La preocupación se apodera de los bancos en Uruguay ante el rápido avance de Cabildo Abierto (CA) en su campaña para un plebiscito que busca reestructurar las deudas personales y poner fin a lo que consideran "usura" por parte de las instituciones financieras. En menos de dos meses, la fuerza política liderada por el senador Guido Manini Ríos ha recolectado 70,000 firmas, acercándose peligrosamente al objetivo para llevar la cuestión a las urnas en las próximas elecciones.

En un tiempo récord de menos de dos meses, Cabildo Abierto ha logrado reunir el 25% de las 270,000 firmas necesarias para que el plebiscito se celebre junto con las elecciones generales de octubre del próximo año. El plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral es el 27 de abril de 2024.

Aunque el sector bancario espera que Cabildo Abierto alcance las firmas necesarias para el plebiscito, confían ciegamente en que la propuesta será finalmente rechazada por los votantes. Basan su confianza en la "evidencia internacional" que, según ellos, demuestra los riesgos de legislar sobre reestructuración de deudas y tasas de interés.

Los bancos argumentan que no deberían ser forzados por la ley a refinanciar deudas, ya que están dispuestos a hacerlo voluntariamente. Sin embargo, muestran preocupación por el límite a las tasas de interés que Cabildo Abierto quiere incorporar en la Constitución, alegando que esto podría restringir el crédito.

Ante el éxito en la recolección de firmas, Cabildo Abierto planea intensificar su campaña en el interior de Uruguay, incluyendo publicidad y recorridos. El diputado Álvaro Perrone anunció que se sumarán "testimonios reales" de uruguayos atrapados en ciclos de deuda extrema sin salida aparente.

La propuesta de Cabildo Abierto busca modificar el artículo 52 de la Constitución para prohibir la "usura", estableciendo un límite de tasa de interés anual del 30% sobre montos convertidos a Unidades Indexadas (UI). También propone sanciones para quienes violen estas medidas y establece que "nadie podrá ser privado de su libertad por deudas".

Según datos del Banco Central de Uruguay, más de 700,000 personas en el país están clasificadas como deudores con problemas de pago, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la cuestión del endeudamiento en el país.