"Santo y Seña" de Canal 4 revela presunta corrupción en comuna de Salto

El programa "Santo y Seña" de Canal 4 Montecarlo se convierte en el epicentro de denuncias sobre presunta corrupción y malversación en Salto.

El programa de investigación "Santo y Seña" de Canal 4 Montecarlo ha sacado a la luz una serie de presuntas irregularidades y actos de corrupción en la comuna de Salto, gestionada por el Frente Amplio durante casi una década. Las denuncias incluyen acomodos, falsas promesas sobre la entrega de terrenos municipales para viviendas y directores municipales involucrados en situaciones oscuras.

Según el programa, la administración del intendente Andrés Lima ha estado plagada de inservibilidad y desmanes de todo tipo. Se prometieron proyectos inmobiliarios y fábricas de luces LED que nunca se materializaron, jugando así con las necesidades de la población.

La denuncia también señala que directores municipales han estado involucrados en prácticas cuestionables, como ofrecer militancia a cambio de favores no especificados, lo que el programa califica como un "alto grado de sinvergüencería".

Este informe televisivo ha causado indignación entre muchos salteños que en su momento apoyaron a esta administración. Las acusaciones son graves y, si se confirman, podrían llevar a investigaciones judiciales y posibles consecuencias penales para los involucrados, incluido el intendente Lima.

Es fundamental que estas denuncias sean investigadas a fondo y llevadas ante la justicia. La confianza pública en las instituciones está en juego, y los ciudadanos de Salto merecen transparencia y responsabilidad por parte de sus líderes.

Desde Salto Al Día habrá más información que se difundirá en su momento, lo que podría añadir nuevas dimensiones a este ya complicado escenario. La opinión pública espera con ansias más detalles que puedan esclarecer la magnitud de estas presuntas irregularidades.

Senador Sartori refuta solicitud de Jutep y pide clausura del caso

Senador Sartori argumenta la 'inexistencia de responsabilidad' en su parte ante la solicitud de Jutep.

El senador Juan Sartori respondió a la solicitud de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolovleva. Sartori pide a Jutep que clausure el caso, argumentando una “inexistencia de responsabilidad” en su parte.

A pesar de que la normativa impugnada no ha sido declarada inconstitucional, Sartori señaló que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia excluye la aplicación de sanciones en su situación. Reiteró que está casado con separación de bienes, desconociendo el patrimonio de su esposa, y subrayó que otros legisladores en situaciones similares no han sido tratados de manera tan rigurosa.

En sus alegatos, Sartori expresó con transparencia su desconocimiento sobre el patrimonio de su esposa y apeló a los derechos de privacidad de la información personal. También destacó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia debe ser considerada “en su integridad”.

La Corte determinó que la solicitud de Jutep es constitucional, aunque Sartori enfatizó que su conducta no merece reproche jurídico dado que existe una 'imposibilidad total, invencible y absoluta de brindar los datos' respecto al patrimonio de su cónyuge.

Senado prohibe a delegados de CTM de Salto Grande hacer política partidiaria

En medio de controversias sobre las contrataciones en la CTM de Salto Grande, el Parlamento busca establecer límites claros entre las responsabilidades políticas y administrativas de los delegados.

A raíz de la reciente polémica sobre las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el Parlamento ha sido el escenario de intensas discusiones y decisiones. La semana pasada, tanto el ministro de Economía y Finanzas como el de Relaciones Exteriores fueron interpelados. Este martes, el Senado trató una moción grave y urgente para aprobar un proyecto de ley que busca prohibir a los delegados de dicha comisión, y otras comisiones binacionales, realizar actividades político-partidarias.

Con el respaldo unánime, el Senado decidió que la designación de los delegados uruguayos se rija por el artículo 187 de la Constitución. Esta normativa establece que dichos miembros serán designados por el presidente, con el acuerdo del Consejo de Ministros y la venia del Senado.

Esta decisión surge en un contexto de crecientes críticas hacia las prácticas de la CTM de Salto Grande. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, explicó que el proyecto presentado busca separar las actividades políticas de las gestiones de los delegados en las entidades binacionales, evitando conflictos de interés y garantizando una gestión transparente y eficaz.

La Constitución, en su artículo 77, establece prohibiciones para ciertos cargos. Gandini subrayó que quienes ocupan entes autónomos no pueden participar en actividades políticas durante su mandato, y quienes deseen postularse para cargos públicos deben renunciar con un año de antelación. Además, la propuesta se extendió a otras comisiones binacionales que reciben fondos públicos.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani apoyó el proyecto, destacando la importancia de establecer normativas más rigurosas para los delegados de la CTM de Salto Grande. En la misma línea, el colorado Germán Coutinho señaló la necesidad de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la integridad en estos cargos.

El debate también abordó la jurisdicción y el estatuto jurídico de la CTM de Salto Grande. El senador blanco Sergio Botana sugirió que se debatiera en la Comisión de Asuntos Internacionales la posibilidad de modificar el estatuto jurídico de la CTM de Salto Grande, en colaboración con Argentina.

El proyecto legislativo surge como respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las prácticas en la CTM de Salto Grande. La iniciativa busca garantizar una gestión transparente, separando las responsabilidades políticas y administrativas de los delegados, y asegurando que actúen en el mejor interés del país.

El FA evalúa una segunda interpelación a Bustillo si el Gobierno no atiende el llamado de Diputados sobre designaciones en Salto Grande

El panorama político uruguayo se encuentra en una encrucijada. La reciente interpelación en la Cámara de Diputados, que tuvo como protagonistas a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), dejó más dudas que certezas en el ámbito legislativo y entre la opinión pública. Esta situación se centró en las designaciones en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande desde 2020.

El Frente Amplio (FA), principal fuerza opositora, ha manifestado su preocupación y disconformidad con la falta de acciones concretas por parte del Gobierno. En este marco, el diputado Nicolás Viera, vocero del FA en esta instancia, ha insinuado que, de no obtener respuestas claras y acciones contundentes, el partido podría considerar una nueva interpelación hacia Bustillo.

En conversaciones con diversos medios de comunicación, Viera expresó que el tiempo otorgado al Gobierno para definir y actuar ha sido más que suficiente. Las designaciones discrecionales en la CTM de Salto Grande y la falta de una auditoría y renuncia de los delegados uruguayos son puntos de fricción que el FA considera ineludibles.

El compromiso político y la transparencia en la gestión pública son principios fundamentales que cualquier administración debería mantener. Sin embargo, la percepción de la oposición y una parte significativa de la ciudadanía es que estos principios están siendo pasados por alto.

Durante una conferencia de prensa, Viera comentó que aún desconocen las intenciones del Gobierno frente a esta situación. La inacción y falta de claridad en las respuestas gubernamentales son motivo de preocupación. Además, recalcó que el compromiso del presidente en persona, Luis Lacalle Pou, fue de estudiar y actuar conforme a la resolución del Parlamento.

Por otro lado, el mandatario, durante una visita a Salto, defendió la gestión en la CTM de Salto Grande. Aseguró que se actuaría «en consecuencia» con las designaciones directas, reafirmando su compromiso con las decisiones del Parlamento.

Sin embargo, Viera y otros miembros del FA consideran que es esencial tener una respuesta concreta y acciones tangibles en el corto plazo. De no ser así, no descartan explorar nuevas instancias parlamentarias, incluida otra interpelación.

La política, como reflejo de la voluntad y el sentir de la ciudadanía, debe ser transparente y actuar con rectitud. La CTM de Salto Grande, como ente binacional, es un pilar en las relaciones y cooperación entre Uruguay y Argentina. Por ello, cualquier sombra de duda o acción que pueda percibirse como no transparente afecta no solo la imagen del Gobierno sino también la confianza depositada por la ciudadanía.

El próximo paso del Gobierno será crucial. La respuesta, o la falta de ella, definirá el rumbo de las acciones del FA y podría tener repercusiones significativas en la percepción pública de la administración actual. Es esencial que se actúe con prontitud, claridad y en consonancia con lo que el Parlamento y la ciudadanía demandan.

Fiscal Alicia Ghione solicitará imputación de senador y profesor ante amenazas a víctimas

Este martes, cerca de las 14:30 horas, se llevará a cabo una audiencia crucial donde la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, solicitará la imputación del senador y del profesor de Historia, cuyos nombres han resonado en los medios.

La fiscal Ghione se presenta en el tribunal con la firme intención de solicitar prisión preventiva para ambas figuras. A lo largo de estos meses, el equipo fiscal ha recolectado evidencias que sugieren que las víctimas han sido objeto de persecución e incluso amenazas.

Fuentes cercanas al caso informaron a Salto Al Día que al menos cuatro víctimas reportaron a la fiscalía la presencia de vehículos sospechosos cerca de sus domicilios. Esta situación ha llevado a que, por precaución, estas personas limiten sus salidas al exterior, esperando la resolución de la jueza Marcela Vargas sobre posibles medidas cautelares.

Sorprendentemente, uno de estos vehículos, descrito por las víctimas como «inusual», fue visto en repetidas ocasiones cerca de la vivienda de la propia fiscal Ghione, quien decidió presentar una denuncia formal.

Dentro de la carpeta de investigación, Ghione cuenta con escuchas telefónicas que mencionan a algunas de las víctimas, destacando a dos con un perfil más visible: Romina Celeste, la primera en denunciar, y el joven Jonathan Mastropierro.

En una de las grabaciones, se escucha a una persona expresar su descontento con la jueza y la fiscal, haciendo referencia a sus posturas de género. En ese mismo audio, otra voz defiende la inocencia de una de las partes involucradas y destaca la necesidad de conocer a quienes presentan acusaciones para poder defenderse adecuadamente.

Adicionalmente, se ha revelado que

la fiscal Ghione cuenta con pruebas que demuestran la constante persecución tanto a las víctimas como al equipo de la Fiscalía. A lo largo de todo el proceso, la principal prioridad de Ghione ha sido garantizar la seguridad de las víctimas y preservar su integridad.

El caso ha generado un amplio debate en la sociedad y ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar un proceso judicial transparente y justo para todas las partes involucradas. La audiencia de este martes será crucial para determinar el rumbo de las investigaciones y el destino de las personas acusadas.

Las declaraciones y pruebas presentadas ante el tribunal son de suma importancia para esclarecer la verdad y garantizar que se haga justicia. En un contexto donde la integridad y la seguridad de las víctimas están en juego, es esencial que las autoridades actúen con celeridad y determinación.

Mientras la sociedad espera con expectación el resultado de la audiencia, se reaviva el debate sobre la importancia de proteger a las víctimas y garantizar un proceso judicial equitativo. La respuesta del sistema judicial ante este caso marcará un precedente en futuras situaciones similares.

Cámara de Diputados de Uruguay aprueba medidas contra el clientelismo en comisiones binacionales

La Cámara de Diputados de Uruguay ha aprobado una serie de medidas tras una interpelación a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche relacionada con el presunto clientelismo en comisiones binacionales. La sesión se llevó a cabo en la madrugada del 4 de octubre de 2023 y fue un tema de amplio interés en el país.

En primer lugar, se aprobó una solicitud con 93 votos a favor de un total de 95, que insta a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a promover de inmediato el cese de todos los contratos que se hayan realizado de manera discrecional a través de designaciones directas a partir del 23 de abril de 2020. Esta medida resalta la importancia de poner fin a los contratos que se consideran irregulares, especialmente aquellos relacionados con ediles en la Junta Departamental de Salto.

Además de esta resolución, se votaron otras dos iniciativas. La segunda propuesta, aprobada con 50 votos a favor de los 95, exigió la renuncia de los tres miembros políticos de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También se solicitó la realización de una auditoría externa de gestión en esa delegación. Este planteamiento fue impulsado por Cabildo Abierto y recibió el apoyo del Frente Amplio.

La tercera moción, que obtuvo 53 votos a favor de los 95, fue respaldada únicamente por la coalición de gobierno. Esta propuesta reconoce la importancia institucional de la Comisión Técnica Mixta y enfatiza la necesidad de un uso racional de los recursos destinados a ella. Se destaca que las designaciones en este organismo deben basarse en la idoneidad técnica de los designados y en la ética de los nombramientos. Asimismo, se subraya que, al ser un ente binacional, el Ministerio de Economía está obligado a proporcionar los recursos necesarios para su funcionamiento. Además, se declaran satisfactorias las explicaciones de los ministros interpelados.

Estas decisiones surgieron a raíz de las denuncias relacionadas con el ingreso de aproximadamente treinta funcionarios a la Comisión Técnica Mixta mediante designaciones directas. El tema se hizo público después de una resolución del Ministerio de Economía en agosto de ese mismo año.

El ministro Francisco Bustillo anunció durante la interpelación que presentaría un proyecto de ley al Poder Legislativo sobre el alcance de los retiros incentivados y las formas de ingreso del personal, especialmente en cargos no gerenciales. Bustillo también aclaró que los retiros incentivados no podrían superar lo establecido por la legislación nacional uruguaya y que se instruyó a la delegación uruguaya para que los cargos en la Comisión Técnica Mixta sean cubiertos con nación, con las mismas limitaciones que los directores de entes autónomos. Esto significa que, en caso de presentarse a cargos electivos, deberán renunciar un año antes de las elecciones.

El debate en la Cámara de Diputados también destacó la necesidad de analizar el fenómeno del clientelismo político en Uruguay. Se señaló que esta práctica afecta a todos los partidos políticos en mayor o menor medida y que es importante discutir cómo se pueden implementar medidas para prevenir el clientelismo en el futuro.

La interpelación a los ministros Bustillo y Arbeleche generó importantes decisiones en la Cámara de Diputados de Uruguay. Se busca poner fin a las contrataciones discrecionales en comisiones binacionales y se plantea la necesidad de una gestión más ética y transparente en estos organismos. Además, se abrió un debate sobre el clientelismo político en el país y la necesidad de implementar medidas para prevenirlo en el futuro.

Acuerdo en la Coalición para incremento salarial a las Fuerzas Armadas: Detalles y desafíos financieros

La Coalición alcanza un acuerdo para incrementar el salario del personal de tropa de las Fuerzas Armadas, pero aún se desconoce de dónde saldrán los fondos necesarios para cubrir el aumento.

 

La Coalición ha llegado a un acuerdo para el incremento salarial del personal de tropa de las Fuerzas Armadas, un tema que era crucial para que Cabildo Abierto votara a favor de la Rendición de Cuentas. Este tema está actualmente en tratamiento en la Comisión de Hacienda del Senado y debe ser votado hoy para que pase al plenario. El incremento sería de 1.000 pesos de manera general para el personal de tropa, desde soldados hasta teniente coronel.

Desafíos de financiación

Uno de los principales desafíos ahora es determinar de dónde saldrán los fondos para este incremento salarial. Desde el Ministerio de Economía, se ha dejado claro que no se otorgarán más partidas y que solo se permite la redistribución dentro del presupuesto enviado. Se trata de 406 millones de pesos, cuando la solicitud inicial de Cabildo Abierto era de 700 millones de pesos. El Frente Amplio ha anunciado que solo acompañará el aumento a personal subalterno.

Optimismo y responsabilidad

El senador nacionalista Rodrigo Blas expresó su optimismo sobre la situación. «Otorgar más fondos al personal militar es una decisión que tenemos todos, que tiene el Ministro de Defensa, que tiene el Poder Ejecutivo, que tenemos nosotros y que tiene Cabildo. El tema es llegar a una cifra que sea suficiente para el personal militar y que sea posible y que habilite el acuerdo con Cabildo», dijo.

Blas también recordó que «el cien por ciento del presupuesto es reasignable. El tema es la responsabilidad de que cuando uno reasigna le da vida a una cosa, y mata a otra cosa».

Implicaciones políticas y sociales

Este acuerdo es un paso significativo en la política uruguaya, especialmente en un momento en que la Rendición de Cuentas está en juego. La decisión de aumentar los salarios de las Fuerzas Armadas podría tener un impacto significativo en la moral y el bienestar de los militares, pero también plantea preguntas sobre la sostenibilidad financiera y las prioridades del gobierno.

Paraguay amenaza con retirarse del Mercosur si no se cierra acuerdo con la Unión Europea antes del 6 de diciembre

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, advierte que el Mercosur podría retirarse y buscar acuerdos con países asiáticos si no se cierra un tratado comercial con la Unión Europea antes del 6 de diciembre.

 

Santiago Peña, presidente de Paraguay, ha establecido un ultimátum para la conclusión de un tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). En una reciente entrevista con el diario británico Financial Times, Peña expresó su frustración por las negociaciones que se han prolongado durante más de dos décadas. «O cerramos antes del 6 de diciembre o no cerramos», afirmó el mandatario.

Ultimátum conjunto

Este ultimátum se suma al ya planteado en junio pasado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien actualmente ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur. Lula da Silva dio de plazo hasta finales de este año para concretar el acuerdo entre la UE y el bloque sudamericano. «Si hay alguien que puede cerrar el acuerdo es Lula. Será este año o no será, no pasará nunca», añadió Peña en la entrevista.

Obstáculos en las negociaciones

Aunque la UE y el Mercosur alcanzaron un acuerdo de asociación en 2019, quedaron pendientes algunos aspectos técnicos que debían resolverse este año. Sin embargo, las discusiones se han complicado debido a nuevas demandas de ambos lados, especialmente en materia ambiental. El Mercosur considera que las exigencias europeas en este ámbito son «inaceptables» y podrían representar una barrera para sus exportaciones a la UE.

Próximos pasos

La Unión Europea tiene previsto abordar este tema en la reunión informal de ministros de Comercio que se celebrará los próximos 19 y 20 de octubre en Valencia, España. La conclusión de este acuerdo es una de las prioridades para la UE, que busca fortalecer sus relaciones comerciales con América Latina.

Salto queda sin intendente y en incertidumbre

Andrés Lima, actual intendente de Salto, parece haber puesto sus ojos en horizontes más amplios que los de su propia ciudad. La noticia de que sólo estará disponible para sus responsabilidades como intendente tres días a la semana ha generado una ola de críticas por parte de la oposición y los ciudadanos de Salto.

La situación ha elevado las tensiones en la comunidad política de Salto. «Sin dudas, esto debería tener sanciones políticas firmes», señalaron a Salto Al Día fuentes políticas de la oposición. La crítica no se detiene en las esferas políticas; la ciudadanía también muestra signos de inquietud y descontento.

El afán de Lima por la presidencia de Uruguay no justifica el abandono de sus responsabilidades actuales. De hecho, algunos críticos cuestionan si una persona que no puede gestionar adecuadamente una ciudad estará en capacidad de administrar un país.

¿Qué significa realmente para Salto tener un intendente que solo ejerce su mandato de manera parcial? La respuesta corta es que los problemas de la ciudad, que podrían abordarse con diligencia y eficacia, se quedan en un limbo burocrático. Esto repercute no solo en la calidad de los servicios públicos, sino también en la confianza de la comunidad hacia sus líderes elegidos.

Salto, una ciudad con retos infraestructurales y sociales propios, necesita un liderazgo sólido. La figura del intendente debería ser alguien comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, no alguien que utiliza el cargo como un trampolín para aspiraciones políticas mayores.

La decisión de Lima de relegar sus responsabilidades tiene un coste real para la gente de Salto. Al dejar la intendencia a un lado, se están descuidando aspectos vitales como la seguridad, el mantenimiento y el desarrollo urbano. En una situación económica y social ya de por sí desafiante, la ausencia de liderazgo sólido podría tener consecuencias significativas.

La falta de compromiso de Lima con Salto plantea serias dudas sobre su aptitud para cualquier cargo público, y mucho menos para el de presidente. Según los estándares de gobernanza y responsabilidad pública, el rendimiento de Lima es, en el mejor de los casos, insatisfactorio.

La cuestión ahora es qué se puede hacer al respecto. La oposición política está llamando a «sanciones políticas firmes», pero ¿se llevarán a cabo? ¿Cuál será el costo político para Lima y, más importante aún, para la ciudad de Salto? A medida que la situación continúa evolucionando, los ojos de la comunidad y la nación están puestos en cómo se resuelve este preocupante episodio de gobernanza deficiente.

Exfiscal Gabriela Fossati cuestiona la capacidad de la Fiscalía General para investigar corrupción pública

Gabriela Fossati, exfiscal, pone en duda la eficacia de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de casos de corrupción pública durante su aparición en un programa de televisión.

Gabriela Fossati, quien fuera fiscal, sorprendió a los espectadores y participantes del programa televisivo Polémica en el bar al cuestionar la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos de corrupción pública. Su declaración generó un debate intenso entre los presentes.

Fossati, quien ha mantenido esta postura desde 2018, fue interrumpida por Nicolás Lussich, quien expresó su sorpresa ante tal afirmación en un programa de gran alcance. La exfiscal replicó, preguntando si se esperaba que mintiera sobre sus opiniones.

La exfiscal también señaló que, aunque hay una infraestructura considerable para tratar delitos flagrantes o de violencia de género, la situación es muy diferente cuando se trata de delitos económicos. Según ella, solo hay dos fiscales dedicados a estos casos y ninguna unidad cuenta con un contador.

[fvplayer id=»51″]Lussich intentó contrarrestar el argumento de Fossati mencionando el caso Sendic, que según él fue investigado a fondo. Sin embargo, Fossati se abstuvo de comentar sobre el caso, alegando que no tenía conocimiento directo del mismo.

El debate entre los participantes fue variado, con algunos apoyando a Fossati y otros a Lussich. Finalmente, Fossati cerró la discusión afirmando que una de las razones por las que dejó su cargo fue precisamente la falta de garantías para investigar. Añadió que si pudo investigar al presidente fue porque él permitió ser investigado, insinuando que las condiciones actuales no son propicias para una investigación efectiva.

Fossati concluyó su intervención diciendo que las condiciones para investigar la corrupción pública son insuficientes, citando un caso empresarial del año 2020 como ejemplo de las dificultades que enfrentan.

La bancada del Frente Amplio en Diputados se opone a la Rendición de Cuentas y desestima los conflictos internos de la coalición

La bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados de Uruguay ha anunciado su voto negativo a la Rendición de Cuentas, enfatizando que su posición no está relacionada con los dilemas internos de la coalición gobernante.

La bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados de Uruguay realizó una conferencia de prensa para expresar su posición sobre la Rendición de Cuentas. La diputada Ana Olivera abordó cuestiones relacionadas con los recursos para el Hospital de Clínicas y el Plan de Salud Mental, aclarando que no estaba segura de la fuente de cierta información y explicando los detalles de los recursos asignados.

Olivera también mencionó la incertidumbre sobre la distribución de fondos para la infancia para 2024, señalando que los mismos serán distribuidos por el Poder Ejecutivo.

El diputado Gonzalo Civila declaró que la posición del Frente Amplio es un voto negativo a la Rendición de Cuentas, enfatizando que esta decisión es política y no está relacionada con los dilemas internos de la coalición gobernante. «Nuestro rol no es auxiliar al gobierno frente a sus dificultades internas», afirmó.

Gustavo Olmos, otro diputado del Frente Amplio, pidió poner las cosas en perspectiva, comparando los 20 millones de dólares discutidos en salud mental con los 800 millones redistribuidos por el Poder Ejecutivo el año pasado sin pasar por el parlamento.

La diputada Lilián Galán criticó que la Rendición de Cuentas otorga solo el 6% de lo solicitado por la Universidad y no toma en cuenta los problemas en el litoral del país, donde hay desempleo y empobrecimiento.

La posición del Frente Amplio agrega otra capa de complejidad a la discusión sobre la Rendición de Cuentas en Uruguay, destacando las diferencias políticas y las preocupaciones sobre la asignación de recursos.

Nuevas agrupaciones políticas se preparan para las elecciones internas en Uruguay

Identidad Soberana y Basta Ya se suman al escenario político uruguayo, mientras el Partido Constitucional Ambientalista se alista para presentar sus firmas en setiembre.

Con la fecha límite del 11 de enero de 2024 acercándose, dos agrupaciones políticas, Identidad Soberana y Basta Ya, han obtenido su registro en la Corte Electoral para participar en las elecciones internas. Gustavo Salle lidera Identidad Soberana, mientras que Jorge Bonica, director de El Bocón, encabeza Basta Ya, que anteriormente formó parte del Partido de la Gente y del Partido Verde Animalista.

Aunque estas dos agrupaciones ya han obtenido su registro, se espera que haya más novedades en el futuro. El Partido Constitucional Ambientalista, liderado por el diputado Eduardo Lust, planea presentar su documentación en setiembre. Además, en Un Solo Uruguay (USU) se discute la posibilidad de formar un partido político.

Basta Ya, presidido por Bonica, se presenta como una fuerza política que busca combatir la corrupción y promover una «Ley de Ficha Limpia». Por otro lado, Identidad Soberana, con María Elvira Canoniero como presidenta y Salle como vicepresidente, se define como defensor de la soberanía nacional y de los ideales Artiguistas.

Por su parte, el Partido Constitucional Ambientalista, que ya ha superado el mínimo de 1.350 adhesiones necesarias, busca ajustar la administración a la Constitución y promover un ambientalismo en línea con la ciencia y tecnología.

Finalmente, en USU, se mantiene el debate sobre la formación de un partido político. Guillermo Franchi y Federico Holzmann, referentes del movimiento, ven la necesidad de crear un partido político que pueda discutir en igualdad de condiciones en el Parlamento.

Frente Amplio presenta sus bases programáticas para el 2024 en concurrido evento en Florida

El Frente Amplio dió a conocer sus aspiraciones políticas y sociales para el próximo ciclo electoral durante un acto concurrido en Florida, Centro Democrático de Florida. Diversos líderes políticos, incluidos Fernando Pereira y Ricardo Ehrlich, estuvieron presentes en el evento.

El pasado fin de semana, en un Centro Democrático de Florida totalmente colmado, el Frente Amplio presentó sus ambiciosas bases programáticas de cara a las elecciones del año 2024. El evento contó con la presencia destacada del presidente nacional de la fuerza política, Fernando Pereira, así como del presidente departamental, Richard Tessier, y los intendentes Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

Entre los asistentes se encontraban también los reconocidos políticos Ricardo Ehrlich y Álvaro García, quienes lideraron el grupo de trabajo encargado de confeccionar estas bases programáticas. Además, senadores y diputados como Alejandro Sánchez, Sandra Lazo, Amanda Della Ventura y Carlos Rodríguez Gálvez se sumaron al encuentro para debatir sobre el futuro de Uruguay.

Fernando Pereira destacó la importancia de estas aspiraciones políticas y sociales que tienen un objetivo claro para el futuro del país. En este sentido, señaló que el Frente Amplio está dispuesto a abrir la discusión y escuchar las voces de los ciudadanos en cada rincón del territorio uruguayo.

Durante el evento, se abordaron diversos temas de interés nacional, incluyendo la preocupación por los delitos violentos, que según Pereira, han generado miedo en algunos ciudadanos, siendo situaciones que históricamente no habían sido comunes en Uruguay.

El Frente Amplio, con su larga trayectoria en la política uruguaya, busca reafirmar su compromiso con la sociedad y presentar propuestas que aborden los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en la actualidad. La participación de líderes de diferentes ámbitos políticos y regiones del país demuestra la amplitud y diversidad de opiniones dentro de la coalición política.

Con la presentación de estas bases programáticas, el Frente Amplio inicia un camino de debates y consultas con la ciudadanía, en busca de generar consensos y propuestas que respondan a las necesidades de la población. Las elecciones del 2024 se vislumbran como un momento crucial para definir el rumbo político y social de Uruguay, y eventos como este son fundamentales para enriquecer el debate democrático en el país.

La presentación de las bases programáticas ha generado expectativas en el espectro político uruguayo, y se espera que a lo largo de los próximos meses se lleven a cabo diversas instancias de discusión y análisis para fortalecer el proyecto político del Frente Amplio. La democracia uruguaya se enriquece con estos espacios de diálogo y participación, donde diferentes actores políticos y ciudadanos tienen la oportunidad de aportar sus ideas y visiones para el futuro del país.

Sin duda, la propuesta presentada por el Frente Amplio marcará el rumbo de las discusiones políticas en los próximos años, y será objeto de análisis y debate tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en su conjunto. El compromiso de los líderes políticos y la ciudadanía con el futuro de Uruguay se vislumbra como un factor determinante para definir el camino a seguir en la próxima etapa electoral.

El Frente Amplio apuesta a que estas bases programáticas sean el punto de partida para construir un proyecto político sólido y con visión de futuro, que logre responder a los desafíos y anhelos de los ciudadanos uruguayos en el contexto nacional e internacional actual. La política uruguaya se prepara para un período electoral trascendental, y los debates y propuestas que surjan en estos espacios de discusión serán fundamentales para fortalecer la democracia y avanzar hacia un país más inclusivo y próspero.

Ernesto Talvi, figura del Partido Colorado, vuelve a la luz pública con un estudio sobre América Latina

Ernesto Talvi, exlíder del Partido Colorado, reaparece en la escena pública con un análisis político-económico sobre Latinoamérica, en colaboración con José Pablo Martínez para el Real Instituto Elcano de Madrid.

Ernesto Talvi, exlíder del sector Ciudadanos del Partido Colorado, y José Pablo Martínez, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano de Madrid, han presentado un análisis político-económico sobre la situación en América Latina. En su análisis, titulado «¿Es América Latina un ‘desastre’ político? Un enfoque alternativo», desafían el relato dominante de descontento y polarización en la región.

El análisis de Talvi y Martínez comienza cuestionando la idea de que el estancamiento económico de la última década ha llevado a un desencanto con la democracia y a una desafección con los partidos establecidos y con la élite política tradicional. Aunque la evidencia parece confirmar este relato, sostienen que es una visión parcial de la realidad.

El dúo recuerda que casi una década después del final del boom 2004-2013, cuando la región creció a una tasa promedio de casi un 5% anual, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se ha mantenido estancado. Este pobre desempeño económico superó las previsiones más pesimistas y antecedió a la pandemia.

Según Talvi y Martínez, este divorcio entre expectativa y realidad generó un «descontento generalizado» y un «voto castigo». De las 19 elecciones presidenciales sin sospechas de fraude realizadas entre 2018 y 2022, 13 fueron ganadas por la oposición al gobierno de turno.

El análisis también señala que este «voto de castigo» explica el giro a la izquierda experimentado en la región desde 2018. Sin embargo, los electores también buscan propuestas alternativas a las tradicionales y el voto emigra hacia nuevas opciones electorales, a izquierda y derecha.

Talvi y Martínez concluyen que esta huida desde los partidos establecidos se hace desde el centro hacia los extremos, polarizando el sistema político y la sociedad. Esta polarización aumenta la distancia política e ideológica entre los bloques con posibilidades de alternancia en el gobierno.

Persecución y escándalo: Baluarte Progresista rompe relaciones políticas con el intendente Andrés Lima

El grupo frenteamplista Baluarte Progresista respalda a la exdirectora de Administración de la Intendencia de Salto, Patricia Spinelli, tras su destitución. El grupo también ha roto relaciones políticas con el intendente Andrés Lima.

El grupo político frenteamplista, Baluarte Progresista, ha expresado su apoyo incondicional a Patricia Spinelli, exdirectora de Administración de la Intendencia de Salto, quien fue recientemente destituida por el intendente Andrés Lima por acusaciones de «hechos suficientemente graves». El grupo político ha cuestionado la decisión de la comuna salteña y ha alegado que Spinelli ha sido objeto de una denuncia sin las garantías del debido proceso.

En una declaración, Baluarte Progresista calificó la destitución de Spinelli como un acto de persecución política. Como resultado, el grupo ha decidido poner fin a sus relaciones políticas con el intendente Andrés Lima.

La Intendencia de Salto confirmó oficialmente la destitución de Spinelli. Según César Sánchez, asesor legal de la comuna, la decisión se tomó después de una investigación exhaustiva en respuesta a una denuncia anónima. La investigación, que incluyó testimonios de funcionarios municipales y personas ajenas a la Intendencia, concluyó que había suficientes elementos que socavaban la confianza en la dirección de Gestión Administrativa.

Sánchez también señaló que los hechos eran lo suficientemente graves como para justificar la decisión tomada por el intendente y el secretario. Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre las acusaciones o los motivos de la destitución en el sitio web de la Intendencia. La determinación de si las acusaciones tienen apariencia delictiva quedará a cargo de las autoridades competentes, como la Fiscalía o el Juzgado segíun la publicación efectuada al portal de la comuna.

Uruguay rompe monopolio de ANCAP en aeropuertos con nuevo decreto

Uruguay emite un decreto que regula las ventas de combustible de ANCAP, poniendo fin al monopolio de la empresa en los aeropuertos y permitiendo la entrada de nuevas empresas.

En un movimiento histórico, el gobierno de Uruguay ha emitido un decreto que regula las ventas de combustible de ANCAP, la empresa estatal de energía. Este decreto pone fin al monopolio de ANCAP en los aeropuertos, permitiendo a otras empresas entrar en el sector y proporcionar servicios de combustible.

La decisión ha despertado la curiosidad en el sector de la energía, ya que se espera que ofrezca nuevas oportunidades y promueva la competencia. Las autoridades han verificado que el decreto está en línea con las reglas y regulaciones nacionales e internacionales.

ANCAP, una institución de larga data en Uruguay, ha proporcionado servicios de combustible a los aeropuertos durante años. Sin embargo, con la entrada de nuevas empresas, se espera que los servicios de combustible se diversifiquen y mejoren.

El decreto fue emitido en junio y ha sido objeto de un intenso escrutinio público. Sin embargo, los funcionarios han asegurado que la seguridad y la calidad de los servicios de combustible seguirán siendo prioritarias.

El sector de los combustibles en Uruguay está en constante evolución. Con la entrada de nuevas empresas, se espera que el sector se vuelva más competitivo y eficiente. Este decreto es un paso importante hacia la diversificación y la mejora de los servicios de combustible en los aeropuertos de Uruguay.

El gobierno se ve obligado a pedir disculpas en España por las declaraciones de la senadora Bianchi

Las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi tras las elecciones en España generan controversia y piden disculpas oficiales.

Tras conocerse los resultados de las elecciones en España, la senadora y vicepresidenta en ejercicio Graciela Bianchi realizó una serie de declaraciones en su cuenta de Twitter que han generado controversia. Bianchi criticó al PSOE, partido del actual presidente Pedro Sánchez, asegurando que con ellos «se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España».

Además, Bianchi agregó que «El PSOE actual NO es el de Felipe González; el sanchismo es el de la Guerra Civil en que predominaba el comunismo y el anarquismo; y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE. Con estudiar Historia se soluciona».

Estas declaraciones han generado una respuesta oficial por parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien se encuentra en Madrid y se reunió con el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Juan Fernández Trigo. Argimón pidió disculpas por los dichos de Bianchi, según confirmó Canal 5 Noticias.

Además, la Cancillería de España citó a la embajadora uruguaya en Madrid, Ana Teresa Ayala, para conversar sobre el asunto. Este llamado desde la Cancillería española fue confirmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La gravedad del asunto, dicen desde España, radica en que los dichos fueron en calidad de vicepresidenta.

Por su parte, el canciller Francisco Bustillo se reunió esta mañana con el embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez, y le pidió disculpas por los dichos de la senadora nacionalista.

Gabriel Gurméndez se perfila como posible candidato del Partido Colorado

En el partido Ciudadanos, aún se está discutiendo si el candidato debería ser el exministro Adrián Peña o el presidente de la ANEP, Robert Silva. Sin embargo, en la Lista 15, se considera un hecho que Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, se postulará, según informaron fuentes coloradas a El País. A pesar de que su posición actual le impide hacer declaraciones partidistas, Gurméndez ya está en conversaciones para buscar apoyo.

Estas conversaciones han tenido lugar con grupos de los dos principales sectores del partido – Ciudadanos y Batllistas – así como con otros grupos pequeños. Sin embargo, aún quedan decisiones por tomar antes de anunciar una precandidatura.

Aunque la decisión de Gurméndez no depende de si Bordaberry regresa o no, su entorno es consciente de que el apoyo financiero sería diferente. Los empresarios que suelen contribuir al Partido Colorado – como ocurre con otros partidos políticos – apoyarían en su mayoría al exsenador. Sin embargo, no consideran esto un problema importante, ya que creen que, una vez presentado el proyecto, podría surgir el dinero necesario para llevar a cabo una campaña.

«Sería un candidato de (Jorge) Batlle. Ya ocupó la presidencia de Antel en su gobierno colorado, además de ser ministro», destacaron a El País los que impulsan su precandidatura. Aunque reconocen que aún es un candidato poco conocido por el público y cuyo principal problema es la prohibición de hacer campaña.

No obstante, resaltan que su mayor logro es la gestión que realizó en Antel, a la que llegó por invitación del presidente Luis Lacalle Pou después de la polémica renuncia de Guillermo Iglesias. A menos que renuncie, no puede iniciar una campaña explícita porque tiene prohibido hacer política partidaria. Fuentes cercanas al colorado le dijeron a El País que le pidieron que dejara su cargo en marzo, algo a lo que no accedió porque quería continuar en la gestión de Antel. Sin embargo, reconocen que los contactos a nivel de líderes de Montevideo y el interior ya se están dando todas las semanas.

Si aspira al Parlamento, debe renunciar antes del 27 de octubre.

Independientemente del financiamiento, las alianzas serían diferentes si Bordaberry regresa. El último sondeo de Equipos Consultores mostró una preferencia del 52% hacia el exsenador, un 19% para el expresidente Julio María Sanguinetti, y un 10% para Silva. Gurméndez se ubicó al final de la lista con 1%.

Un miembro de Ciudadanos le dijo a El País que Gurméndez es conocido como alguien que no es confrontativo y que puede mantener un diálogo con las personas de su partido y de la oposición. También consideró que sería un buen candidato que «conoce el sistema político desde hace muchos años». En cuanto al financiamiento, un tema que preocupa a varios aspirantes a candidatos, destacó que Gurméndez tiene «muchos vínculos en el mundo empresarial» debido a su larga trayectoria en el sector privado.

Gurméndez ha alternado entre la actividad pública y privada a lo largo de su vida. Fue CEO de HRU S.A y country manager del Grupo Codere en Uruguay, concesionaria de casinos, hipódromos y hoteles. También fue CEO del Aeropuerto Internacional de Cancún del Grupo Aeroportuario del Sureste en México, y consultor en temas aeroportuarios de la Oficina para Proyectos de las Naciones Unidas. Algunos de estos trabajos, recordaron allegados, no le permitieron continuar activamente en la política debido a un conflicto de intereses.

Además, como se mencionó anteriormente, ya estuvo en Antel y durante el último gobierno colorado fue ministro de Transporte y Obras Públicas, además de presidente interino de OSE, AFE y Ancap. Hace una semana publicó una foto de 2004 en la que recuerda su papel en el gobierno de Batlle, cuando asumió el cargo durante el gobierno de Battle. En la foto está acompañado por Isaac Alfie —actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto—, Martín Aguirrezabala —ministro de Ganadería de la época— y José Villar —quien lideró la cartera de Minería.

Carolina Cosse defiende el Antel Arena y critica la venta de Antel durante el gobierno de Lacalle Herrera

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, volvió a abordar las críticas sobre el costo del Antel Arena, esta vez en respuesta a las recientes declaraciones del exvicepresidente Danilo Astori y al exministro de Economía durante los gobiernos del Frente Amplio. En su respuesta, Cosse defendió firmemente la obra y aprovechó para criticar la posible venta de Antel durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera.

«Es importante destacar los logros de Antel como empresa estatal», afirmó Cosse. «Antel ha financiado sus propios proyectos, incluyendo la implementación de la fibra óptica al hogar, la colaboración con Google en un cable submarino y la construcción del Antel Arena, que ha tenido un impacto significativo en la industria audiovisual».

Cosse subrayó que la venta de Antel durante el gobierno de Lacalle Herrera habría implicado la pérdida de importantes transferencias de Rentas Generales que han permitido financiar proyectos clave en Uruguay. Durante su mandato como presidenta y ministra, Antel ha aportado cientos de millones de dólares a Rentas Generales, lo cual ha contribuido a la construcción de escuelas, liceos, UTU, hospitales y otras infraestructuras esenciales.

La intendenta resaltó que la venta de Antel habría supuesto un retroceso en la inversión en infraestructura y el desarrollo social del país. Además, instó a dejar de utilizar el Antel Arena como excusa para criticar la gestión actual y enfatizó la importancia de la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo.

En relación a las declaraciones de Astori, quien mencionó los posibles efectos negativos del Antel Arena en otras inversiones, Cosse optó por no mencionarlo directamente, centrándose en la defensa de la obra y en resaltar los beneficios generados por Antel como empresa estatal.

Carolina Cosse defiende el Antel Arena y critica la venta de Antel durante el gobierno de Lacalle Herrera

La administración de Luis Lacalle Pou genera divisiones en el país, según encuesta de Cifra

En el país se observa un notable desacuerdo sobre la administración del mandatario Luis Lacalle Pou tras transcurrir tres años desde su toma de posesión. Según un estudio publicado por la empresa de análisis de datos, Cifra, el presidente recibe una aprobación del 46% y un descontento del 43%.

Los datos recopilados por Cifra, presentados recientemente en Telemundo, revelan que el 46% de los compatriotas respalda la labor de Lacalle Pou, mientras que el 43% la rechaza.

Los resultados de la encuesta también muestran una gran variación en la percepción basada en los votos emitidos durante las elecciones de 2019. Aquellos que apoyaron a Lacalle Pou en aquel entonces respaldan en gran medida su gestión actual, con un 82% de los blancos y un 81% de los votantes de otros partidos de la coalición. Por otro lado, el 78% de los votantes del Frente desaprueba su mandato. Aquellos que no recuerdan o prefieren no decir a quién votaron en 2019 muestran una división, con el 43% en desacuerdo y casi un tercio en apoyo.

La consultora señala un incremento en la polarización en los últimos dos meses. Aquellos que votaron por Lacalle Pou se muestran cada vez más en favor, mientras que los que votaron en contra, muestran un creciente descontento.

Respecto a la evolución de la opinión pública sobre el gobierno desde 2020, comenzó con un período de aceptación prolongado que incluso se incrementó durante el primer año, coincidiendo con la pandemia. No obstante, se registró una disminución gradual en las valoraciones positivas, de 63% en 2020 hasta el 44% en febrero último.

Esta última medición revela pequeñas fluctuaciones: un incremento de dos puntos porcentuales en la aprobación y un aumento de un punto en la desaprobación. Dado que ambos cambios se encuentran dentro del margen de error de las encuestas, se necesitarán más mediciones para confirmar si hay cambios significativos.

La administración de Luis Lacalle Pou genera divisiones en el país, según encuesta de Cifra