Cabildo Abierto sacude el statu quo financiero y pone nervioso a los bancos

Cabildo Abierto intensifica su campaña para un plebiscito que podría sacudir los cimientos del sistema bancario uruguayo.

La preocupación se apodera de los bancos en Uruguay ante el rápido avance de Cabildo Abierto (CA) en su campaña para un plebiscito que busca reestructurar las deudas personales y poner fin a lo que consideran "usura" por parte de las instituciones financieras. En menos de dos meses, la fuerza política liderada por el senador Guido Manini Ríos ha recolectado 70,000 firmas, acercándose peligrosamente al objetivo para llevar la cuestión a las urnas en las próximas elecciones.

En un tiempo récord de menos de dos meses, Cabildo Abierto ha logrado reunir el 25% de las 270,000 firmas necesarias para que el plebiscito se celebre junto con las elecciones generales de octubre del próximo año. El plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral es el 27 de abril de 2024.

Aunque el sector bancario espera que Cabildo Abierto alcance las firmas necesarias para el plebiscito, confían ciegamente en que la propuesta será finalmente rechazada por los votantes. Basan su confianza en la "evidencia internacional" que, según ellos, demuestra los riesgos de legislar sobre reestructuración de deudas y tasas de interés.

Los bancos argumentan que no deberían ser forzados por la ley a refinanciar deudas, ya que están dispuestos a hacerlo voluntariamente. Sin embargo, muestran preocupación por el límite a las tasas de interés que Cabildo Abierto quiere incorporar en la Constitución, alegando que esto podría restringir el crédito.

Ante el éxito en la recolección de firmas, Cabildo Abierto planea intensificar su campaña en el interior de Uruguay, incluyendo publicidad y recorridos. El diputado Álvaro Perrone anunció que se sumarán "testimonios reales" de uruguayos atrapados en ciclos de deuda extrema sin salida aparente.

La propuesta de Cabildo Abierto busca modificar el artículo 52 de la Constitución para prohibir la "usura", estableciendo un límite de tasa de interés anual del 30% sobre montos convertidos a Unidades Indexadas (UI). También propone sanciones para quienes violen estas medidas y establece que "nadie podrá ser privado de su libertad por deudas".

Según datos del Banco Central de Uruguay, más de 700,000 personas en el país están clasificadas como deudores con problemas de pago, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la cuestión del endeudamiento en el país.