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Gobierno aprueba nueva y millonaria inyección de fondos para CTM

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Gobierno aprueba nueva y millonaria inyección de fondos para CTM

La firma de la resolución por el Ejecutivo desata un intenso debate sobre la gestión de recursos y la transparencia en la administración pública uruguaya.

La reciente autorización de fondos por parte del Ejecutivo a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande pone en el foco la gestión de recursos y la transparencia gubernamental.

Diego Minezz

Por Diego Minezz
Periodista

En una decisión que ha levantado polvo en el escenario político y social uruguayo, el Ejecutivo, liderado por el presidente y secundado por la ministra de Economía, ha firmado una resolución el pasado 29 de enero, liberando una suma considerable de 744 millones de pesos, equivalente a unos 19 millones de dólares, destinados a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM). Este acto administrativo se inscribe en un contexto de continuas críticas y cuestionamientos hacia la gestión de ciertos cargos dentro de la comisión, especialmente tras la renuncia de su anterior presidente en septiembre del año pasado.

La asignación de estos fondos, prevista inicialmente en el Presupuesto Nacional aprobado al comienzo de la actual administración, se contrapone a los anuncios previos del Ejecutivo sobre la intención de recortar gastos. A pesar de ello, en octubre de 2023, el Parlamento uruguayo había manifestado de forma unánime la necesidad de cesar inmediatamente a varios funcionarios contratados en la comisión, vinculados en su mayoría a sectores políticos específicos, lo que había generado expectativas de cambios en la gestión y administración de la CTM.

La reacción a la resolución no se hizo esperar. Desde el ámbito local, figuras políticas como el intendente de Salto han expresado su descontento, señalando que la decisión permite liberar recursos para el pago de salarios a ediles y militantes de cierto espectro político, ignorando las recomendaciones y exigencias del Parlamento. Esta situación ha sido interpretada por algunos como una continuación de prácticas clientelistas, poniendo en duda el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas.

En el ámbito de las redes sociales, la discusión se ha ampliado con comentarios de figuras políticas de otros departamentos, quienes han criticado la medida como un aval a las «peores prácticas» en la gestión pública. La Vertiente Artiguista, por su parte, ha resumido la situación en términos de falta de revisión, corrección y continuidad en el pago a ciertos sectores políticos, marcando la situación con un rotundo cero en transparencia e impunidad al máximo.

La polémica se extiende al ámbito legislativo, donde voces críticas han señalado la contradicción entre las promesas de austeridad y la realidad de aumentos salariales para los implicados. La interpelación a altos cargos del gobierno en meses anteriores, que buscaba esclarecer y promover la transparencia, parece haber quedado en el olvido ante esta nueva resolución. La promesa de renuncia de ciertos cargos, exigida por el Parlamento, sigue sin concretarse, y la gestión de recursos en la CTM es vista por algunos como un desafío abierto a la ética pública y una burla a la ciudadanía que demanda responsabilidad y cambio.

Este escenario plantea interrogantes sobre la dirección de la política de gestión de recursos y la transparencia en Uruguay, en un momento donde la ciudadanía reclama más que nunca claridad, eficiencia y responsabilidad en la administración pública. La decisión del Ejecutivo de autorizar estos fondos, lejos de cerrar el debate, parece haberlo intensificado, colocando la gestión de la CTM de Salto Grande en el centro de una discusión más amplia sobre la gobernanza, la ética y el futuro político del país.

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