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A poco de dejar su mando, Alberto Fernández firma decreto obligando al Estado a pagarle una custodia en el exterior

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A poco de dejar su mando, Alberto Fernández firma decreto obligando al estado a parle una custodia en el exterior

El revolucionario decreto de Fernández asegura custodia estatal a ex mandatarios argentinos globalmente, marcando un hito en la política de seguridad.

Alberto Fernández, el presidente saliente de Argentina, en la firma del histórico decreto sobre la seguridad de ex presidentes.

En un movimiento sin precedentes, el presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, ha firmado el decreto 735/2023, una medida que extiende la responsabilidad del Estado argentino para cubrir los costos de custodia de los ex presidentes y sus familiares directos, incluso cuando se encuentran fuera del país. Publicado en el Boletín Oficial, este decreto representa un cambio significativo en las políticas de seguridad nacional.
Anteriormente, la seguridad de los ex mandatarios y sus familias estaba garantizada únicamente dentro de los límites de Argentina. Sin embargo, con la implementación de este nuevo decreto, se garantiza la protección estatal en cualquier parte del mundo, una modificación que refleja la creciente preocupación por la seguridad de los líderes políticos en un contexto global cada vez más complejo.
Este cambio normativo llega en un momento crucial, justo antes del cambio de mando presidencial en Argentina. Fernández, quien se ha dado a conocer que residirá en España después de su mandato, será uno de los primeros beneficiarios de esta nueva medida de seguridad. El decreto también extiende esta protección a los ex vicepresidentes y sus familias, ampliando el alcance de la seguridad estatal más allá de las fronteras nacionales.
La decisión de Fernández de asegurar esta custodia para los ex mandatarios en el extranjero ha generado tanto apoyo como críticas. Por un lado, se ve como una medida necesaria para proteger a las figuras políticas en un entorno global incierto. Por otro lado, algunos cuestionan el impacto financiero que esta decisión podría tener en el presupuesto del Estado.

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