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El error en la identificación de cuerpos tras un ataque violento evidenció fallos en los procesos y generó demandas legales.
La falta de coordinación entre organismos en la identificación de cuerpos agravó el sufrimiento de las familias tras un ataque mortal.
El 11 de agosto, tres jóvenes fueron asesinados en un violento ataque que culminó con el vehículo en el que viajaban incendiado. La principal hipótesis policial apunta a que el objetivo era el conductor, señalado como líder de una banda del barrio Cerro. Este joven, de 24 años, resultó gravemente herido tras recibir tres impactos de bala.
La trágica noche comenzó cuando cinco jóvenes, entre ellos dos mayores y tres menores de edad, se dirigían en coche a recoger a un sexto integrante para luego ir a una discoteca en Ciudad Vieja. Sin embargo, al llegar a la intersección de Carlos A. López y Pororó, en Colón, un grupo armado los emboscó. En ese momento, el sexto joven, que estaba en su casa, se asomó a la puerta, pero no llegó a salir.
El ataque fue devastador: los tres ocupantes de los asientos traseros murieron, dos de ellos de 17 años y otro de 18. El conductor quedó gravemente herido y el copiloto logró escapar. El sexto integrante del grupo, al no salir del domicilio, resultó ileso. Luego del incidente, las autoridades entregaron los cuerpos a las familias. Sin embargo, lo que debía ser el inicio del duelo derivó en una dolorosa confusión.
Un error que aumentó el dolor
Tras recibir el cuerpo de uno de los fallecidos, una madre notó durante el velorio que el cadáver no correspondía a su hijo. Ante esta revelación, la Fiscalía de Homicidios ordenó la exhumación de los cuerpos para confirmar las identificaciones. Esto evidenció que los tres cadáveres habían sido entregados incorrectamente a las familias.
La situación derivó en una audiencia de conciliación, convocada por el abogado Gumer Pérez, en representación de una de las familias. En el escrito presentado, se acusó al Poder Judicial y al Ministerio del Interior de negligencia en la entrega de los cuerpos. El abogado argumentó que ambas instituciones deberían asumir responsabilidad por los daños causados. Sin embargo, la audiencia finalizó sin acuerdo entre las partes, y Pérez anunció la intención de iniciar un juicio civil. Además, señaló que evalúa incluir en la demanda a otras instituciones que participaron en el proceso, como la Intendencia de Montevideo y la Fiscalía.
Investigación y conclusiones
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició una investigación interna para determinar cómo ocurrió el error. Aunque se concluyó que no hubo irregularidades en los procedimientos del Instituto Técnico Forense (ITF), el informe reveló un problema en los métodos de identificación. Mientras el ITF usó códigos como "Caso 8 - NN1", Policía Científica utilizó letras como "A, B y C". Esta falta de estandarización habría provocado la confusión al momento de identificar los cuerpos.
A pesar de las conclusiones técnicas, el incidente ha generado críticas hacia las instituciones responsables. Para las familias, el error no solo prolongó su sufrimiento, sino que dejó en evidencia la falta de coordinación entre los organismos involucrados.
Repercusiones legales y sociales
El abogado Gumer Pérez enfatizó que este caso simboliza una falla grave en el sistema estatal. "Es lamentable que el Estado no se haga responsable de la muerte de un joven dentro de un auto cuando iba a bailar con tres amigos", afirmó tras la audiencia. Las familias afectadas esperan justicia, no solo por el ataque, sino también por la negligencia en el manejo posterior de los cuerpos.
Mientras tanto, el caso sigue resonando como un ejemplo de los desafíos que enfrentan las instituciones uruguayas en la gestión de procesos sensibles. Este error podría derivar en cambios en los protocolos de identificación para evitar que algo similar ocurra nuevamente.
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