La disparidad en la recaudación fiscal afecta la capacidad de algunos gobiernos locales para sostener servicios públicos clave.
Cinco departamentos uruguayos dependen del gobierno central para sostener sus finanzas, mientras que otros tres logran ser autosuficientes, exponiendo la desigualdad fiscal del país.
La geografía fiscal de Uruguay revela una preocupante desigualdad estructural que, sin duda, contribuye a la falta de descentralización territorial. De los 19 departamentos del país, cinco dependen de las transferencias del gobierno central para financiar más de la mitad de sus presupuestos. Se trata, específicamente, de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y Tres, departamentos que tienen más dificultades para recaudar ingresos propios debido a sus características económicas y sociales. Estas intendencias se ven obligadas a solicitar el respaldo financiero del Estado para mantener servicios fundamentales, lo que, por supuesto, se traduce en una menor autonomía y posibilidad de desarrollo.
En el otro extremo de la balanza se encuentran departamentos “suscriptores netos”, como Montevideo, Canelones y Maldonado, que financian casi todos sus presupuestos con ingresos propios. Estas intendencias tienen la capacidad de aspirar a la realización efectiva y racional de su destino, y no se limitan a los servicios necesarios, sino que impulsan proyectos de desarrollo social y económico. Iahel Rocca, asistente del Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay, investiga estas disparidades y las condiciones subyacentes: escribe que.
Finalmente, en el caso de los departamentos que son más dependientes del gobierno central, la situación se agrava con otro hecho preocupante conocido como “pereza fiscal”: pese a que puede haber margen para un mayor esfuerzo recaudatorio es decir, una capacidad de recaudación no explotada, la intendencia no hace lo necesario para maximizar su capacidad de recaudación, ya que confía en transferencias nacionales. Nuevamente, este hecho empeora la desigualdad, debido a que los departamentos más rezagados en términos de ingresos tributarios optan por no maximizar sus recaudaciones a través de reformas fiscales más eficientes.
Este fenómeno genera una estructuralidad que frena el crecimiento a largo plazo. Para revertir esta situación, según Rocca, es necesario, con rigor, promover una mayor responsabilidad fiscal a nivel departamental. En otras palabras, las intendencias deben hacer lo necesario para aumentar su recaudación interna y utilizar mejor los recursos que tienen. Adicionalmente, es fundamental que el Estado cree un sistema de transferencias pero que no incentiven la ineficiencia, sino un desarrollo equitativo entre los departamentos.
El contraste entre departamentos como Montevideo, con solidez financiera y aquellos como Artigas o Treinta y Tres, que dependen fuertemente del gobierno nacional, refleja la necesidad de una transformación radical en materia de gestión fiscal territorial. A juicio de Rocca, la solución para reducir estas disparidades está indirectamente relacionada con una descentralización efectiva en el sentido de que los departamentos deben tener libertad para administrar sus recursos y formular políticas.
En suma, la fiscal y territorialmente en Uruguay es un desafío que claramente necesita ser abordado. La cantidad de dependencia de las transferencias gubernamentales centrales o provinciales perpetúa la brecha firmando el desarrollo automático de los gobiernos locales. Solo una mejor disposición de la descentralización por parte de los órganos estatales se basa en un círculo sustentable basado en la responsabilidad, en la que algunas zonas de “feliz” no reciben más del ingreso de otras menos desarrolladas.
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