Andrés Lima y la transparencia cuestionada de Salto: ¿Gestión o ilusión?

Andrés Lima en el centro de un debate sobre la autenticidad de su gestión de recursos humanos.

La reciente declaración del intendente de Salto, Andrés Lima al diario La República, sobre la administración de los recursos humanos en la Intendencia ha reavivado un debate familiar y controvertido. Las afirmaciones de Lima, que destacan un manejo transparente y efectivo de la plantilla laboral, con un porcentaje mínimo de cargos temporales, han suscitado una ola de escepticismo. Este escepticismo no emerge de un vacío, sino de una historia prolongada de denuncias de nepotismo y clientelismo político que, según reportes locales y nacionales, manchan la administración pública de Salto.

La discrepancia entre la autoproclamada transparencia y la percepción generalizada de mala gestión nos lleva a cuestionar: ¿Es posible que una gestión que se jacta de orden y probidad esté, al mismo tiempo, tan alejada de la realidad vivida y reportada por los ciudadanos y medios de comunicación? La respuesta parece inclinarse hacia la afirmación de que donde hay humo, hay fuego.

Las declaraciones de Lima chocan con la evidencia presentada por varios sectores de la sociedad civil y la prensa. Los casos documentados por un canal de Montevideo y previamente denunciados por el portal "Salto Al Día" pintan un cuadro muy diferente al idilio administrativo descrito por el intendente. ¿Cómo puede ser que un gobierno local, que asegura tener menos del 3% de su fuerza laboral en cargos temporales, sea el mismo que es acusado de fomentar una cultura de favoritismo y clientelismo político?

La gestión efectiva y transparente de los recursos públicos es un pilar de cualquier democracia saludable. La integridad en la administración de una comuna es esencial para la confianza del público en sus líderes y para el funcionamiento eficaz del gobierno. Cuando esa integridad es cuestionada, es deber de los responsables ofrecer más que palabras; es necesario proporcionar pruebas concretas y verificables de su compromiso con la transparencia y la equidad.

Además, la promesa de que los actuales programas sociales laborales no son un camino hacia el empleo permanente en la Intendencia, sino más bien una solución temporal que terminará con la administración actual, ofrece poco consuelo. Parece un intento de maquillar una práctica que muchos consideran un medio de consolidar el apoyo político a través de la asignación de empleos, más que una medida de alivio socioeconómico genuino y desinteresado.

Uruguay, como cualquier nación que se precie de su democracia y sus instituciones, merece líderes que no solo hablen de probidad y transparencia, sino que las practiquen. La ciudadanía de Salto merece más que promesas y declaraciones de buenas intenciones; merece transparencia real, rendición de cuentas y una administración que priorice el bienestar público sobre los intereses partidistas.

Es hora de que las prácticas administrativas en la Intendencia de Salto se alineen con los principios que su liderazgo proclama. Sólo entonces se podrán disipar las dudas y restaurar la confianza en la gestión municipal. Mientras tanto, las declaraciones del intendente Lima seguirán siendo vistas con escepticismo, no como un faro de integridad, sino como un espejismo de la gestión pública que los ciudadanos de Salto y de todo Uruguay aspiran a ver.

Por Gonzalo Sualina