Funcionarios de la CTM de Salto Grande se aferran a sus cargos en abierto desacato a la Cámara de Diputados

La sede de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se convierte en el epicentro de un debate sobre ética y clientelismo político.

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande se ha convertido en un escenario de controversia política que trasciende las fronteras de la entidad. Según fuentes internas, más de siete funcionarios vinculados al senador Germán Coutinho, del Partido Colorado, se niegan a abandonar sus puestos, a pesar de una resolución de la Cámara de Diputados que pide revisar las contrataciones directas en la institución.

Este acto de resistencia no solo desafía la autoridad del legislativo sino que también pone en tela de juicio la ética y las buenas prácticas políticas. «Yo no me voy, ni empedo dejo un sueldo de estos», habrían murmurado algunos empleados en los pasillos de la CTM, según nuestras fuentes. Pero aquí el tema no es si quieren o no quieren irse; el punto es que se ha cometido un acto de favoritismo y clientelismo que no solo debe erradicarse sino que deben acatar lo que el legislativo nacional ha resuelto.

El senador Germán Coutinho, una figura prominente del Partido Colorado, parece haber convertido la CTM en un refugio para sus allegados, en un acto que raya con la falta de ética y las buenas prácticas dentro de la política. Este tipo de clientelismo no solo socava la confianza en las instituciones sino que también desafía la autoridad del Parlamento, que votó unánimemente por el cese de estas contrataciones directas.

Es imperativo recordar que la Cámara de Diputados no tomó esta decisión a la ligera. La resolución fue el resultado de un proceso de interpelación y revisión que involucró a varios actores políticos y funcionarios de alto rango. Ignorar esta decisión es, en esencia, ignorar el sistema democrático del país.

Por lo tanto, el «sueño de los pibes» de mantener sueldos decorosos a costa del erario público llegó a su fin. No se trata de una cuestión de comodidad o conveniencia personal, sino de respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Si estos funcionarios se niegan a acatar una resolución legislativa, se están colocando por encima de la ley y, en última instancia, socavando los cimientos de nuestra democracia.

Es hora de que la CTM de Salto Grande se alinee con las buenas prácticas y la ética que se espera de una institución pública. Ignorar las resoluciones del legislativo no es una opción; es un desafío directo al sistema democrático que debe ser corregido de inmediato.