En un episodio que ha sacudido las esferas políticas de Uruguay, la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande se encuentra en el centro de una agitación que culminó con la renuncia del presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, en septiembre. Este escenario dio lugar a una interpelación en la Cámara de Diputados donde el canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tuvieron que responder a una serie de preguntas y demandas.
Después de extensas discusiones que se prolongaron por 17 horas, el Frente Amplio (FA) presentó una moción que buscaba declarar «insuficientes» las explicaciones brindadas por los ministros y exigía la renuncia de Bustillo. Sin embargo, esta moción no obtuvo el apoyo necesario para prosperar. En cambio, se presentó una moción dentro del oficialismo que fue aprobada con el respaldo de todos los partidos, con 93 votos de 95 presentes.
El numeral 6 de esta moción solicita a la delegación uruguaya en la CTM que «promueva de forma inmediata el cese de todos los contratos que se hayan realizado desde el 23 de abril de 2020 de manera discrecional a través de designaciones directas». Además, se enfatiza la necesidad de poner fin de inmediato a los contratos de quienes ocupan cargos como ediles en la Junta Departamental de Salto.
El punto 1 a 5 de la moción también fue votado, aunque con un respaldo menor de 53 votos de la coalición de gobierno. En estos puntos se consideraron satisfactorias las explicaciones de los ministros, pero al mismo tiempo se enfatizó la importancia de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos económicos destinados a la CTM. También se subrayó la necesidad de que las designaciones de delegados y funcionarios se basen en la idoneidad técnica y respeten las normas estatutarias y éticas en la función pública.
Además, se aprobó un aditivo presentado por Cabildo Abierto con 50 votos. Este aditivo señala que debido a la gestión inadecuada en relación con la designación del personal y los cambios en el estatuto de los funcionarios de la CTM sin la debida consulta al Poder Ejecutivo, no es suficiente con la renuncia de Albisu. Se pide la dimisión de todos los delegados uruguayos y se solicita la realización de una auditoría externa de gestión.
En una respuesta a la interpelación, el ministro Bustillo anunció una serie de medidas que el gobierno planea implementar con el objetivo de rediseñar el funcionamiento de las comisiones binacionales, en particular la de Salto Grande. Una de estas medidas es presentar un proyecto de ley para que los delegados uruguayos ante las comisiones binacionales estén sujetos a un régimen similar al de los directores de entes autónomos, lo que implica que deberán renunciar a sus cargos un año antes de las elecciones si desean ser candidatos.
Además, se instruyó a la delegación uruguaya en la CTM a modificar el sistema de retiros incentivados para que no superen lo establecido por la legislación nacional uruguaya o argentina y se promoverán concursos como regla general para cubrir los cargos en ese organismo.
El presidente Luis Lacalle Pou, al ser consultado sobre el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, afirmó que el gobierno actuará en consecuencia. Señaló que se revisarán los contratos de los ediles y que no descarta pedir la renuncia de los tres miembros políticos de la delegación uruguaya, aunque expresó su falta de comprensión por esta solicitud dado que el principal responsable, en referencia a Albisu, ya ha renunciado.
La crisis en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ha llevado a un proceso de reforma y cambio en la gestión de este organismo binacional clave para Uruguay. Las medidas propuestas por el gobierno buscan garantizar una mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento, mientras que la auditoría externa de gestión contribuirá a esclarecer cualquier irregularidad en el pasado. La situación sigue siendo objeto de atención y debate en la arena política uruguaya.
No hay comentarios
Publicar un comentario
Deja un comentario. Cuida el vocabulario.