El senador Guido Manini Ríos insta a realizar una auditoría en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para evaluar el uso de recursos públicos, especialmente tras la reciente transferencia de $200 millones autorizada por el presidente Luis Lacalle Pou.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha solicitado una auditoría interna en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El objetivo es esclarecer cómo se están utilizando los recursos públicos y determinar si se han gestionado de manera adecuada. Este llamado surge en un contexto de creciente controversia en torno a la administración de la central hidroeléctrica binacional.
La polémica se intensificó cuando se reveló que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, autorizó una transferencia de hasta $200 millones a la delegación uruguaya de Salto Grande. Esta suma, categorizada como «refuerzo de rubros» para el ejercicio fiscal de 2023, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente porque se sospecha que estos fondos se han utilizado para contratar personal cercano al presidente de la Comisión, Carlos Albisu.
En una entrevista con el programa 12 PM de Azul FM, Manini Ríos subrayó la importancia de llevar a cabo una revisión exhaustiva de los gastos de la comisión. Según el senador, si la auditoría revela que los recursos no se han utilizado de forma apropiada, entonces no sería justificable un «refuerzo de rubro».
Manini Ríos también expresó su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los fondos de Salto Grande. Aunque admitió no tener «información exacta» sobre cómo se están utilizando los recursos, señaló que la entidad parece tener suficiente financiamiento como para no requerir refuerzos presupuestarios adicionales. Comparó esta situación con los debates actuales en el Parlamento sobre la Rendición de Cuentas, que involucran sumas mucho menores.
El líder de Cabildo Abierto hizo hincapié en la necesidad de examinar detenidamente los salarios y las contrataciones realizadas por la comisión. También planteó la posibilidad de que los fondos se estén destinando de manera discrecional a clubes deportivos o instituciones con motivaciones políticas que no se alinean con los objetivos de la Comisión Técnica Mixta.
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