Gobierno suspende por segundo año consecutivo la apertura del corralito mutual



El presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto en el que suspende la apertura del período de movilidad regulada, mejor conocido como "corralito mutual", prevista para febrero de 2019. De esta forma, serán dos años consecutivos en que no se abre un período para que los usuarios puedan pasarse de un prestador de salud a otro.

Según el decreto, el gobierno entiende que "las prácticas prohibidas relativas a la intermediación lucrativa persisten", por lo que la "respuesta" de las autoridades "no puede ser otra que el diseño de un sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica" para impedir estas actividades, lo que "supone prever la viabilidad de habilitar la apertura del período de movilidad a partir del mes de febrero de 2020".

En este sentido, se señala que para "proteger" los "principios de libertad, autonomía de la voluntad y tutela del orden jurídico", estos "deben preservarse suspendiendo la movilidad regulada correspondiente al período comprendido entre el 1° y el 28 de febrero de 2019".

El decreto establece que el corralito mutual volverá a abrirse recién entre el 1° y el 28 de febrero de 2020.

El corralito mutual no se abrió en 2018 debido a los hechos ocurridos en 2017, cuando se detectó la estafa realizada al Fonasa, que hasta el momento lleva 30 procesados y consistía en  inscribir en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles entre $ 500 y $ 1.000. De esta forma, los estafadores los inscribían a través de promotores en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 1.800. Uno de los procesados tenía en su poder 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores.

Para esta ocasión, se preparaba un nuevo sistema informático ""muy seguro" que entre otras cosas, solicitaría las huellas dactilares a los pacientes.

Excepciones.
El decreto del gobierno aclara que algunos casos sí se podrá hacer el traspaso de un prestador de salud a otro.

Estas excepciones son el traslado de domicilio a otro departamento, las "dificultades supervinientes de acceso geográfico" y los "problemas asistenciales que lleven a la pérdida de confianza en el prestador". En estos caso, el  usuario deberá acompañar la solicitud  con una declaración jurada "en la que manifieste su libre e informada elección del prestador de servicios integrales de salud, así como no haber percibido dinero u otra ventaja equivalente".
El Pais

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