El gobierno decreta un aumento moderado para el sector rural



En una señal de que acepta que la situación del agro no es la mejor, el gobierno se apresta a decretar un aumento salarial para los principales sectores de la actividad rural (ganadería, lechería, agricultura de secano, arroceras) que los ubica como en situación "intermedia" o "en problemas", lo que implica que no tendrán incrementos significativos sobre la inflación, si es que llegan a tener alguno (ello dependerá de la evolución de los precios al consumo).

El director de Trabajo, Jorge Mesa, adelantó a El País que el decreto ya fue firmado por el ministro Ernesto Murro y que está para la firma del presidente Tabaré Vázquez en los próximos días. Ese decreto establecerá la secuencia de aumentos durante el próximo año y será retroactivo al 1º de junio. Dentro de un año se evaluará la situación del sector agropecuario para determinar los pasos a seguir. El aumento máximo que recibirán los trabajadores rurales será de 7,5% anual, de acuerdo a los lineamientos del Poder Ejecutivo. La inflación en los últimos doce meses se ubicó en 8,01%.

En paralelo, para hoy de tarde el gobierno convocó a las cámaras empresariales y al Pit-Cnt y les transmitirá que quiere que la actual ronda de Consejos de Salarios, la más grande que se haya desarrollado hasta hoy, esté terminada al 30 de noviembre y que más allá de esa fecha solamente continúen las tratativas en aquellas mesas en las que ya haya algún avance sustancial al día de hoy, explicó Mesa.

La Asociación y Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Asociación Nacional de Productores de Leche habían pateado el tablero cuando se retiraron en agosto de las negociaciones salariales tripartitas molestas por un aumento decretado este año con carácter retroactivo que creían que no correspondía. El gobierno buscó que volvieran al diálogo y esperó unas semanas, pero ahora se decidió a decretar el aumento.

Milton Castellano, director del Instituto Cuesta-Duarte, dijo a El País que la solución a un año es mejor en la medida en que podría habilitar el comienzo de otra negociación en 2019 e insistió en que es fundamental que se retomen las conversaciones. Un aumento a dos años hubiese sido inconveniente, sostuvo. Castellano señaló que le parece bien que el decreto contemple las distintas situaciones de los diferentes rubros agropecuarios.

En el sector agropecuario el empleo ha disminuido. En 2008 había alrededor de 105.000 asalariados rurales que aportaban a la seguridad social. Al cierre de 2017 eran 89.000.

Mesa dijo que "un poquito" más del 50% de los grupos que negocian firmaron acuerdos o están por hacerlo. "Podemos ser flexibles en algún caso puntual para las conversaciones que están en curso pero insistimos en la celeridad porque se venció ya el plazo de 90 días para negociar. Lo mejor siempre es un acuerdo porque supone satisfacción o una insatisfacción gestionable, pero si todo el mundo está insatisfecho, no es bueno. Es cierto que este año hay factores nuevos. Hay empresas muy pegadas a la región", reconoció, aludiendo a esto como factor que en determinado momento detuvo las conversaciones. Mesa reconoció que la gran mayoría de los acuerdos corresponden a sectores que se ubicaron en el sector "intermedio" que supone una clara moderación salarial, implícitamente vinculada a la necesidad de preservar empleos.

Una fuente de la industria dijo que en la rama manufacturera hay pocos acuerdos. En otras rondas se han llegado a firmar acuerdos laborales incluso después de Navidad, pero esta vez el gobierno no quiere ingresar al año electoral con negociaciones en curso.

La prisa es compartida por la central sindical porque si las conversaciones se dilatan, las empresas tienen dificultades para pagar las retroactividades que pueden coincidir con los aguinaldos y, además, los incrementos demoran en plasmarse en el Índice Medio de Salarios que será tomado como referencia para los ajustes de jubilaciones y pensiones del próximo 1º de enero. "Estamos preocupados porque hay dificultades en muchos grupos con sectores muy grandes", dijo Castellano. Por su lado, Fernando Pereira, presidente de la central sindical, dijo a El País que "para nosotros la mayor parte de los grupos debería cerrar en noviembre; esto no quiere decir que si hay grupos que precisan algo más de tiempo para acordar no se de más tiempo". Pereira consideró también que es fundamental volver a la negociación colectiva en el sector rural. "Es deseable poder laudar cuestiones que no solo sean salariales, es importante la negociación colectiva porque es más abarcativa", comentó.

Dos grupos grandes que siguen muy trabados son el de los supermercados y el de la industria metalúrgica. En este sector el sindicato plantea la reducción de la jornada laboral en un plazo de dos años, algo que es rechazado de plano por las empresas.

El Pais
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