¿El estado puede difundir antecedentes de una persona?



El Ministerio del Interior difundió en las últimas horas los antecedentes penales de uno de los manifestantes tabacaleros en Artigas y volvió a levantar la polémica por esta práctica. No es la primera vez que el gobierno difunde datos de alguien que tiene un cruce con alguna autoridad.

El primer episodio ocurrió a inicios de año cuando el Poder Ejecutivo hizo pública la información personal sobre el colono Gabriel Arrieta, uno de los ruralistas que esperó al presidente Tabaré Vázquez fuera del Ministerio de Ganadería tras una reunión con productores y lo tildó de "mentiroso".

En aquella ocasión, ocurrida en el mes de febrero, Presidencia de la República emitió un comunicado donde difundió los datos del colono y motivó, acto seguido, el rechazo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

A través de un comunicado, la Inddhh solicitó retirar la información que había sido difundida por considerar esta práctica "no adecuada" pudiendo causar "inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información y el derecho a la protesta pacífica".

En esta ocasión, y luego de un nuevo incidente pero con el ministro Eduardo Bonomi, la cartera volvió a tomar la misma línea y dejó ver el prontuario de uno de los tabacaleros que se manifestó frente al jerarca.

Aunque la Inddhh no solicitó que esto sea retirado, sí expresó su "profunda preocupación" por la reiteración de esta "práctica comunicacional" por parte del Estado al entender que no "aporta" al debate amplio sobre el trasfondo del hecho.

Ahora bien ¿qué indica normativa legal respecto a este tema? Consultado al respecto, el abogado penalista Gastón Chavéz explicó a Telenoche que los antecedentes de una persona no pueden ser revelados por organismos públicos a menos que la situación lo amerite. 

"El antecedente es de manejo interno del Poder Judicial. No me cabe duda que en este caso, como se dio públicamente, no se puede hacer", indicó.

Chávez sostuvo que se puede "identificar y requerir a alguien para someterlo a proceso, porque así lo establece el nuevo Código del Proceso Penal, pero no para explicar o justificar algún tipo de fin político".

El abogado indicó que el ciudadano tiene el derecho de realizar un juicio contra el Estado por esta actitud, como ya lo hizo Arrieta, y sostuvo que la detención tampoco fue realizada en el marco legal porque "no estaba cometiendo un delito".

"El arresto de la persona solo puede darse en caso de delito en flagrancia o por orden de un juez", subrayó al indicar que el hombre "estaba manifestándose".
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