El gobierno admite que se vive una mayor inseguridad

El miércoles uno de los asesores más cercanos al ministro del Interior anunció, en su blog personal, que Uruguay se apronta a reconocer, con datos objetivos, una de sus "peores estadísticas de delitos" desde que se lleva registro. Ayer fue Eduardo Bonomi quien reconoció que en los últimos meses se produjo un aumento de los hechos delictivos. Mientras, la vicepresidenta Lucía Topolansky admitió que el gobierno está "preocupadísimo" con el fenómeno, aunque reivindicó que "está todo el tiempo haciéndose cosas".


"Lejos de los guarismos a la baja con que cerraron los años 2016 y 2017, este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia", señaló el vocero de Bonomi, Fernando Gil.


Ayer Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados de Uruguay, calificó de "poco serio" el análisis sobre la inseguridad de Gil y dijo que sus conclusiones sobre el crecimiento de los delitos no son "empíricamente" demostrables.


Entrevistado en el programa Para empezar el día, de Radio Oriental, Reyes sostuvo que con el mensaje que dio el funcionario se está "invitando a la ciudadanía" a hacer justicia "por mano propia".


Aunque el ministro se negó a asumir como propias la aseveraciones de su asesor, sí reconoció que en los últimos meses "ha habido un aumento" de los delitos, de "rapiñas y homicidios fundamentalmente", entrevistado por el programa Quién es quién, que se emite por FM Diamante y por Televisión Nacional del Uruguay.


Consultado acerca de si se alcanzarán cifras récord en materia de delitos, el funcionario dijo que para saberlo habrá que esperar que cierre el año y agregó: "a mí más que el hecho de las cifras lo que me preocupa es por qué aumentaron".


Al tratar de explicar los procedimientos aplicados para bajar la delincuencia, Bonomi desarrolló una embarullada descripción del proceso para combatir el delito.


Dijo que en 2016 empezaron a aplicarse medidas aprobadas en el Presupuesto Quinquenal y que a lo largo de ese año las rapiñas bajaron 13,5% respecto de los niveles que había al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.


El ministro sostuvo que esa caída se alcanzó introduciendo variables de combate al delito instrumentadas desde el propio Ministerio del Interior. También admitió que en 2017 las rapiñas se mantuvieron estables.


Más adelante recordó que el año pasado se introdujo una nueva variable en las políticas de combate a la delincuencia que no fue instrumentada desde el ministerio, "sino que se introduce por una decisión parlamentaria, que la compartíamos todos y eso se empieza a aplicar en noviembre (el nuevo Código del Proceso Penal). Ahí veníamos con una baja de 13,5% en septiembre y cerramos en diciembre con una caída de 4,5%", o sea que pese a que todavía las rapiñas eran menores que en marzo de 2015 comenzaron a subir de nuevo.


"En 2016 junto con las rapiñas también bajaron los homicidios. En 2017 no bajaron, subieron. Ahí para nosotros es clarísimo —se podrá discutir, el senador Bordaberry lo discute— que se produce un aumento por el aumento que hubo de homicidios entre delincuentes. En una época era el 25% los homicidios entre delincuentes (sobre el total de homicidios), ahora es 62%. El otro elemento, otra variable que nos metieron, que no lo hicimos nosotros, es los policías que hacen custodia de violencia doméstica. Sacan 600 policías de las calles", explicó el ministro para justificar el aumento de los delitos.


Luego volvió a reiterar los argumentos que ha venido utilizando en los últimos días acerca de que "algunos fiscales, no la Fiscalía, porque el fiscal de Corte (Jorge Díaz) está absolutamente en contra de esa interpretación de los fiscales de que la Policía no podía intervenir si los fiscales no le daban la orden", a lo que agregó la eliminación de la prisión preventiva preceptiva para casos de delitos graves y para delincuentes reincidentes y reiterantes.


Por otra parte, subrayó que el fenómeno del aumento de la delincuencia no es patrimonio de Uruguay. Puso como ejemplo países como Chile y Costa Rica, con los cuales compartíamos niveles similares tiempo atrás y ellos ahora están peor que Uruguay.


A todo esto, el integrante de Fundapro, organización vinculada al Partido Colorado, Guillermo Maciel, aseguró ayer en radio Espectador que en lo que va del año hasta el lunes pasado se habían cometido 207 homicidios, mientras que en todo el primer semestre de 2017 habían llegado a 131.


La vicepresidenta Lucía Topolansky reconoció ayer que la seguridad es uno de los temas más difíciles que tiene el gobierno en este momento.


"No creo que el gobierno esté superado por el tema. Está preocupadísimo. Es uno de los temas más difíciles en este momento. No se está quieto: está todo el tiempo haciéndose cosas", dijo la presidenta del Senado en una entrevista con Telemundo.


Topolansky remarcó que las políticas de seguridad son del gobierno y el Frente Amplio, y no solo del ministro del Interior. "De nada vale cambiar un ministro del Interior cuando la cuestión no está ahí. Además, por lo bajo he oído a más de uno hablar bien del ministro. Pasa que estamos a un poco más de un año de las elecciones y todo vale", agregó la vicepresidente.


Si bien dijo que no le molestan las manifestaciones por más seguridad, Topolansky afirmó que no corresponde colgar banderas y encender velas en la casa del presidente.


También dijo que hay cosas que le llaman la atención: "Estos ciudadanos de Toledo que compraron chalecos y equipos para patrullar… Tienen que tener un financiamiento porque no son cosas baratas. ¿Hay algo más? Un agente que conoce del tema me señaló esto", sostuvo pareciendo deslizar si no se trata de un movimiento organizado opositor al gobierno.


El País
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